La solución la tiene el Congreso vinotinto
Jorge Núñez
jorgenunezmartin63@gmail.com
Por alguna extraña razón, algunos barones de Morena en Tabasco han sobredimensionado la sanción que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, impuso a ¡16! gobernadores de este partido y sus aliados, entre los cuales está el mandatario tabasqueño Carlos Manuel Merino. En lugar de llamar a la mesura y eliminar la confusión, parecen interesados en meterle más leña a la hoguera.
Si bien algunos funcionarios parecen estar confundidos de manera creíble, como el caso de la coordinadora de Asuntos Jurídicos del Gobierno estatal, Karla Cantoral Domínguez, quien señala que el INE aún no emite los lineamientos que regulen los procedimientos sancionatorios, hay personajes que buscan confundir a la opinión pública al hablar de una sanción muy delicada para el gobernador Merino. Falso.
En primer lugar, no es necesario esperar los lineamientos del INE para aplicar la sanción ya que el pleno del TEPJF ratificó la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada, en la que señaló que sí existió la emisión de propaganda gubernamental durante el proceso de la revocación de mandato, pero optó por no vincular el caso al INE. En cambio, ordenó dirigirlo a los congresos locales para que decidan la sanción correspondiente. Es decir, el Congreso de Tabasco no tiene por qué esperar alguna directriz del organismo encabezado por Lorenzo Córdova y en cambio sí puede decidir el castigo a aplicarse.
Acerca del supuesto de que algo muy grave se cierne sobre el jefe del Ejecutivo estatal, nada más erróneo. Lo cierto es que sea cual fuera la sanción, no se le retirará el llamado “modo honesto de vivir”. Esto significa que por ningún motivo podrá ser removido del cargo y tampoco se le quitarán sus derechos políticos. Por tanto, las penas podrían ir desde una simple multa económica, una medida de apremio, un extrañamiento, un exhorto o, como ya lo propuso el representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, declarar inatendible el resolutivo del Tribunal acerca de que los gobernadores de la 4T infringieron la ley electoral durante el proceso de Revocación de Mandato.
Algo más: Merino fue de los que menos infracciones cometió dentro de los dieciséis gobernadores morenistas sancionados. El proyecto del magistrado De la Mata Pizaña dio cuenta de 98 violaciones al proceso electoral, de las cuales 15 son de la jefa de Gobierno, 13 del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; 10 de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas; 10 más del mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha; nueve de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; y nueve también de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.
Luego siguen Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Cuitláhuac García, de Veracruz; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; Miguel Barbosa, de Puebla; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Layda Sansores, de Campeche y, hasta el final, Carlos Manuel Merino, de Tabasco.
Más allá de que Mario Llergo sostenga que los magistrados electorales han incurrido en «excesos», pues asegura que los gobernadores de Morena y aliados no incurrieron en actos de propaganda gubernamental, hay que decir que el Congreso de Tabasco, con mayoría de Morena, tiene en sus manos la solución pronta y definitiva de este expediente.
Al haberle dado el TEPJF la facultar de decidir qué tipo de sanción imponer, lo más sensato es proceder en consecuencia. Terminar a la brevedad con un asunto que genera confusión y tiene al gobernador como rehén político de intereses externos no parece lo más inteligente para un Poder Legislativo de color vinotinto.
: ¿Consigna?
En 16 de Septiembre hay la impresión de que el IEPCT actuó con sospechosa celeridad en el resolutivo que le ha embargado el 50% de sus prerrogativas. Como que no se entiende ese proceder revolucionado que no ha sucedido en casos similares. En los barones del tricolor hay la idea de que se quiere enterrar al partido por todas las vías.
