*Dos al ejecutivo que encabezaba (Arturo Núñez Jiménez).
*Dos a los gobiernos de Huimanguillo y Macuspana (Sabino Herrera y Cuco Rovirosa).
*Comparecencia de Gerardo Gaudiano fue por observaciones en el SAS, aseguró el Fiscal Superior, Alejandro Álvarez González.

Alejandro Álvarez González, quién es el titular del Órgano Superior de Fiscalización de Tabasco (OSF), aseguró que en la cuenta pública del 2018, se han presentado cuatro denuncias ante las instancias responsables, dos de ellas en contra del poder ejecutivo y dos más de municipios, siendo Huimanguillo y Macuspana los entes responsables; además de indicar, que el 30 de septiembre se estaría entregando ya la auditoría al DIF Tabasco.
Después de presentar a Jesús Alamilla Padrón como nuevo fiscal especial de este organismo fiscalizador, el entrevistado apuntó, que en las acciones que se han realizado, ya se presentaron cuatro demandas ante las instancias responsables, entre ellas, dos son contra del poder ejecutivo en el año 2018, -que era representado por Arturo Núñez Jiménez; además una al municipio de Huimanguillo y otra al municipio de Macuspana, donde ya estás con las instancias para que se realicen las acciones correspondientes.
Indicó que entorno a la auditoría que se solicitó de manera especial al DIF Tabasco en el último año de la pasada administración, ya se está dando los ajustes finales, y se espera que antes del 30 de septiembre, se éste entregando ante el congreso del estado y la comisión inspectora de hacienda respectiva, y ya ellos tendrán a disposición, donde no quiso adelantar nada por cuestiones legales.
En torno al tema de Gerardo Gaudiano, el fiscal precisó, que el OSF no actúa por política, ni por encomienda pues es autónomo, afirmó el Fiscal Superior, Alejandro Álvarez González.
Explicó que se le citó al ex-alcalde Gerardo Gaudiano como parte de un proceso resarcitorio por 7 mdp, observados al SAS en el 2017, que quedaron observaciones, las cuales son públicas, que no quedaron solventadas.
“También es importante precisar, que el OSF en lo que establece su ley, que es procedimiento para dictaminar de responsabilidades resarcitorias, y qué significa, que, al detectarse un posible daño patrimonial, lo que se hace en el procedimiento, por supuesto conforme a la ley, respetando los derechos que tiene como para que aporten los elementos”.
“Una vez desahogado todo el proceso, se resolverá para efecto de que se pueda resarcir el posible daño patrimonial que determinó el OSFT, y bien es cierto, son procedimientos administrativos, también existe un procedimiento para explicamiento de responsabilidades resarcitorias, ello, para efectos de poder reparar el daño patrimonial que se haya causado a un ente”.
Agregó, que “de manera respetuosa del debido proceso y de los derechos que tiene cada responsable, en este caso, son cuatro procedimientos y el monto para este procedimiento, ya que son varios, es de siete millones 400 mil pesos, aproximadamente, pero vienen otros, pero la dirección de sustancias y asuntos jurídicos, es la que determina quiénes son los responsables en este procedimiento”.
“Y se determina en base a la omisión que haya habido en el ejercicio de servicio público, y sobre todo en el ejercicio de los recursos públicos, y si en este caso la dirección de sustanciación y asuntos públicos determino mandar comparecer a quién es de acuerdo a la documentación aparece como responsable, se hace”.
Luis Ruiz Sandoval Frade
Rumbo Nuevo