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Van por Neymar. Justicia española investiga al brasileño
La Sala de los Penal examinó en primer lugar dos contratos suscritos el 15 de noviembre y el 6 de diciembre de 2011 para conocer las condiciones de transferencia del jugador y concluyó que hay indicios del delito de corrupción Madrid, España Agencias La Audiencia Nacional española ordenó reabrir el caso Neymar para procesar al […]
23 de septiembre de 2016

La Sala de los Penal examinó en primer lugar dos contratos suscritos el 15 de noviembre y el 6 de diciembre de 2011 para conocer las condiciones de transferencia del jugador y concluyó que hay indicios del delito de corrupción

Madrid, España
Agencias
La Audiencia Nacional española ordenó reabrir el caso Neymar para procesar al delantero brasileño, a su padre, al expresidente del Barça Sandro Rosell y al Santos (equipo del que procedía Neymar) por el supuesto engaño en el precio del traspaso al fondo brasileño DIS, gestor del 40 por ciento de los fondos federativos del delantero.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal revocó en un auto la decisión del juez José de la Mata de archivar este caso en contra del criterio de la Fiscalía y le ordena reabrirlo para que dicte el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento en el sumario).
La Audiencia Nacional admitió de este modo el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Federacao Das Associacoes Dos Atletas Profissionales y la empresa DIS, contra la decisión de archivo de De la Mata, que consideró que las conductas denunciadas -los contratos de traspaso del jugador suscritos en 2011 y 2013-, si bien pueden tener «repercusiones deportivas, éticas y disciplinarias», no encajan en un procedimiento penal.
Argumento con el que discrepan los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martell, por lo que ordenan a De la Mata a proseguir con el procedimiento ante la existencia de indicios de delitos de corrupción entre particulares y estafa impropia.
La Sala examinó en primer lugar dos contratos suscritos el 15 de noviembre y el 6 de diciembre de 2011 para conocer las condiciones de transferencia del jugador y concluyó que hay indicios del delito de corrupción por cuanto «mediante la firma de los contratos se alteró el libre mercado del fichaje de futbolistas».

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