Los congresistas exigen que se designe a un fiscal especial para realizar una revisión de los delitos que se le imputan al ex gobernador de Coahuila
Ciudad de México
Agencias
El grupo parlamentario del PAN en el Senado pidió al ejecutivo que, a través de la PGR, nombre un fiscal especial, independiente, con autonomía y solvencia moral para investigar los delitos de los que se acusa al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien fue exonerado por la Procuraduría del estado.
En un punto de acuerdo, los legisladores Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth piieron a la la PGR que ejerza su facultad de atracción para conocer las investigaciones iniciadas por la Procuraduría de Coahuila e inicie la indagatoria correspondiente que permita deslindar y fincar responsabilidades penales por los probables delitos cometidos por los servidores públicos.
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Los senadores también pidieron al gobernador actual del estado, Rubén Moreira, hermano del ex gobernador acusado de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que solicite al procurador Homero Ramos Gloria se separe de su cargo a fin de facilitar las investigaciones.
Homero Ramos fue secretario de Gobierno durante la administración de Humberto Moreira, por lo que los panistas consideraron que existe conflicto de interés.
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A sólo cinco meses de iniciada la investigación, el 15 de mayo de 2015, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del ex gobernador Humberto Moreira por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Procuraduría local dijo que no había encontrado registros de pagos del gobierno a la empresa Construcciones Chavana, que de acuerdo con el empresario Rolando González, detenido en 2014 en Texas y acusado de formar parte de una red de lavado de dinero, fue creada por el propio Moreira para desviar recursos públicos.
De acuerdo con el documento, Humberto Moreira Valdés, candidato a diputado plurinominal por el Partido Joven, cometió un desfalco en contra del estado por 36 mil millones de pesos, como resultado de una serie de delitos en los que participaron varios colaboradores y personas allegadas al PRI.
