Destaca el congresista su compromiso para actuar con total apego a la ley, y que el instituto no puede “paralizar a los gobiernos”

Luis Enrique Martínez
Rumbo Nuevo
A menos de un mes de iniciar el proceso electoral federal 2018, el diputado José Antonio De la Vega Asmitia coincidió con el gobernador Arturo Núñez Jiménez respecto a denunciar presuntos «excesos» del Instituto Electoral Nacional (INE) y se comprometió a actuar «con responsabilidad constitucional» en todas sus actividades legislativas.
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso y declarado aspirante a la candidatura del PRD a la elección de gobernador del año venidero, De la Vega Asmitia refirió que el INE no puede dejar de considerar la legislación vigente cuando pretende restringir la actividad de funcionarios de la administración pública de los tres poderes del Estado.
Tras aclarar que sus declaraciones a la prensa no pretendían «cuestionar o descalificar» al órgano electoral federal, el legislador sugirió que esa institución debería acudir a resolutivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación antes de hacer observaciones a las actividades de los funcionarios públicos, «o paralizar a los gobiernos, como denunció el mandatario estatal el viernes pasado”.

Voto de confianza a designados
Por otra parte, en entrevista colectiva, el presidente de la comisión permanente comprometió a los integrantes de la Legislatura 62 al Congreso estatal a elegir a los mejores perfiles entre los aspirantes a integrar la Comisión de Selección que designará a los ciudadanos que coadyuvaran al funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, y otorgó un voto de confianza a quienes resulten designados por el pleno como electores de estos últimos.
En el primer día de registro de aspirantes al órgano a elegir el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, De la Vega Asmitia recordó que el perfil «de idoneidad» de los prospectos está en las propuestas de las instituciones de educación superior públicas y de la sociedad civil organizada.
Para ser integrantes de la Comisión de Selección, se requiere que esas instituciones envíen documentos de cada candidato que acredite los requisitos de ley y el perfil solicitado en la convocatoria respectiva. La restricción a las sociedades civiles estriba en que deben estar «especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción».