En la audiencia, enfatizó que el gobierno mexicano todavía no ha presentado formalmente la solicitud de extradición, por lo cual, esperará a que se presente para proceder

Ciudad de México
Agencias
En la audiencia celebrada se le decretó reclusión preventiva al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en la prisión de Matamoros, y se informará a México que tienen 60 días para formalizar la petición de extradición y que en caso de no cumplir ese lapso con la formalización, cesarán las acciones en su contra.
Los magistrados resolvieron que existe un compromiso entre Guatemala y México para entregarse a mutuamente a las personas que son perseguidas por la comisión de algún delito.
En tanto, Duarte de Ochoa, pospuso su decisión sobre si acepta o no la demanda de extradición que ha presentado México a Guatemala.
Durante la diligencia Duarte dijo: «No puedo allanarme hasta que llegue la solicitud formal» de extradición, dijo Duarte en la audiencia ante el tribunal que inició el procedimiento legal.
«No quiere decir que no lo voy a hacer», agregó Duarte.
El magistrado que preside la audiencia preguntó a Duarte si se allana a la extradición o prefiere un proceso ordinario.
El ex mandatario veracruzano señaló que no es que rechace el derecho de allanarse. «Me reservo ese derecho hasta que mi defensa pueda evaluar su contenido», señaló.
En la sala estaba presente el abogado mexicano Pablo Campuzano de la Mora.
El defensor guatemalteco señaló que se debe garantizar la defensa del ex gobernador tanto en Guatemala como en México, y pidió que Campuzano sea autorizado a participar como asesor de la defensa.

El tribunal aceptó la petición.
La fiscalía pidió que en esta audiencia se formalice la petición de extradición, y que se informe a México que ya se realizó dicho procedimiento.
El Ministerio Público también dijo que se debe informar a México que contará con 69 días para formalizar la solicitud de extradición, así como con la entrega de las pruebas que acreditan la comisión de delitos por parte de Javier Duarte.

De los delitos en su contra
Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, escuchó en la sala 1 del Quinto Tribunal Penal, que el gobierno mexicano lo solicita en extradición para que sea juzgado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El fiscal del Ministerio Público expuso las acusaciones de México contra el detenido, según las cuales Duarte fue gobernador de 2010 a octubre de 2016, y durante su mandato realizó un complejo sistema para ingresar recursos al sistema financiero tratando de ocultar que era capital proveniente de recursos públicos.
La investigación del ex gobernador inició por la venta de terrenos en el estado de Campeche, logrando determinar que desde que comenzó su mandato «invitó» a varios de sus amigos para hacer inversiones, entre ellos Moisés Manzur, Rafael Rosas Bocardo, Alfonso Ortega López, quien se encargó de buscar las oportunidades de inversión.

Seis meses en Guatemala
Javier Duarte reconoció, al iniciar esta audiencia, que llegó a Guatemala desde hace seis meses, prácticamente el mismo tiempo en que se libró la orden de aprehensión en su contra.
El ex gobernador dijo que no cuenta con domicilio establecido en este país y que su domicilio se encuentra en Veracruz.
El magistrado presidente del quinto tribunal, César Adán García, le informó a Duarte que no tiene la obligación de contestar ninguna pregunta respecto a las acusaciones que le formuló el gobierno mexicano, y que no será juzgado en Guatemala por los delitos que se le imputan.
Los fiscales le dieron a conocer las declaraciones de Alfonso Rosas Ortega, en las cuales imputa la creación de empresas fachada para desviar recursos del gobierno del estado de Veracruz.
Asimismo, la manera en que se entregó dinero a empresas bien establecidas para que se fondearan y luego fingieran haber sido beneficiadas con contratos públicos, pero las compañías se quejaron porque los empresarios no tenían manera de justificar la emisión de las facturas.
En ese contexto José Juan Janeiro Rodríguez conoció que a las empresas legales recibieron más de 350 millones de pesos.
En las acusaciones formuladas por el gobierno mexicano, se menciona que Duarte de Ochoa se molestó porque le parecía «increíble» que sus operadores financieros no pudieran arreglar la entrega de facturas para justificar los desvíos de recursos públicos.