El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana expresó su beneplácito porque a través del consenso legislativo, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, aprobaran reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado y del Código Penal de Tabasco, que insertan en la legislación los adjetivos «corrupción» y, entre otros, la «desaparición forzada de personas».

Luis Enrique Martínez
Rumbo Nuevo
Así también, el legislador independiente que estima que las reformas señaladas serán aprobadas por el pleno del Congreso estatal en un inminente período extraordinario, detalló las reformas sobresalientes como denominar el ejercicio ilícito, la coalición y actos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares, entre esos casos de funcionarios públicos de la Fiscalía General del estado que cometen «retardo», «detención y prisión ilícita».
Con el dictamen aprobado en comisiones, incluso se sanciona la «asesoría ilícita de litigantes».
De acuerdo al presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los legisladores aprobaron reformas a la fracción XV, del artículo 11, 13, las fracciones segunda y tercera del párrafo primero del artículo 18, párrafos tercero y cuarto del artículo 21, párrafo primero del artículo 25 y 45 y adicionar los párrafos cuarto y quinto, al artículo 10; los artículos 13-A, 13-B, 13-C, 13-D, 13-E; un párrafo segundo al artículo 18 y los párrafos quinto y sexto al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Lo anterior, dijo, para establecer en el orden jurídico local el Sistema Estatal Anticorrupción, en cuya composición, se prevé la existencia de una Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, cuyo titular será parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción en el seno del Comité Coordinador del mismo.
También reformaron diversas denominaciones de capítulos y títulos del Código Penal para el Estado en materia del Sistema Estatal Anticorrupción, así como de los artículos 232 Bis, 232 Ter, una fracción IV al artículo 259 al mismo, relativos a prevenir, investigar, y sancionar la tortura.