El presidente destaca los beneficios que ofrece esta nueva normatividad, para abatir la problemática en todo el territorio

México, D. F.
Notimex

La reforma anticorrupción es un auténtico cambio de paradigma para combatir de manera frontal la corrupción, un paso histórico en favor de una nueva cultura de la legalidad para poner fin a la impunidad, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la promulgación de la reforma en materia de combate a la corrupción, destacó que ésta implicó modificaciones a 14 artículos constitucionales e integra cinco puntos, entre ellos la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y la corresponsabilidad entre los poderes públicos para combatir este flagelo.
En el Patio de Honor del Palacio Nacional, el primer mandatario expuso que esta modificación a la Carta Magna, es resultado de la voluntad de legisladores y organismos de la sociedad civil, constituye un cambio de paradigma para el combate al cohecho, la extorsión y prácticas indebidas de parte de servidores públicos y particulares.
Nieto señaló que es inaceptable que desde hace 20 años, México tenga una evaluación tan baja en el tema de la corrupción, de acuerdo al organismo Transparencia Internacional al obtener el lugar 103 entre 175 países.
Por ello, recalcó que el desafío de erradicar estas conductas compromete a todos los mexicanos y enfatizó que la respuesta de las instituciones será amplia, sistémica y decisiva.
Agregó que el Sistema Nacional Anticorrupción es una respuesta de gran magnitud para sentar las bases para sancionar a los servidores públicos y particulares, y obligarlos a reparar el daño, asimismo para garantizar el respeto a la legalidad y la rendición de cuentas.

De los beneficios
Entre los puntos destacados de esta reforma se refirió a la creación del comité de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción que regulará a las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección, fiscalización y sanción de irregularidades administrativas y actos de corrupción.
Asimismo, se ampliarán las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para que tenga mayor eficacia en la detección de irregularidades y podrá fiscalizar en tiempo real, es decir, cuando un ejercicio fiscal aun esté en curso, además de vigilar que los recursos federales otorgados a los estados, así como a los fideicomisos, públicos y privados se ejerzan de manera correcta.
De igual manera, apuntó que se crea un nuevo modelo de justicia administrativa pues el Tribunal Superior de Justicia, Fiscal y Administrativa tendrá la facultad de imponer sanciones a servidores públicos y particulares que cometan faltas, con plena autonomía para que “prevalezca el interés de los mexicanos por encima de presiones o influencias”.
Asimismo, la ampliación a siete años de la prescripción de la fiscalización, lo que le da un alcance transexenal a la vigilancia del ejercicio público.
Además, el Congreso de la Unión regulará las facultades de la Auditoria Superior de la Federación y la coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y tendrá el plazo de un año para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del sistema.